El presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir al candidato a la investidura y cabeza del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, que se renueve, cuanto antes, el Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, desde Ferraz se ha difundido que Sánchez ha llegado a la reunión convocada por el líder popular de ayer 30/08/2023, enmarcada en su ronda de conversaciones de cara a la sesión de investidura, pidiendo un compromiso para que el órgano de gobierno de los jueces sea renovado antes de final de año, independientemente de quien sea finalmente el presidente del Gobierno.
Según el artículo 122 de la Constitución Española, “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Actualmente y mientras no se reforme el método, se eligen, por mayoría de tres quintos en ambas cámaras y previo pacto entre las fuerzas mayoritarias, el PP y el PSOE. Los jueces son elegidos de entre los candidatos de una lista proporcionada por los propios jueces.
La Unión Europea, a través de su comisario de Justicia, ya ha hecho múltiples llamamientos a España para que proceda a renovar el CGPJ, de forma urgente y previa a la posible renovación de la ley. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a condenar a España en un asunto impulsado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó en junio que “las consecuencias derivadas de la disfunción en la renovación del Consejo General del Poder Judicial son enormes en lo que respecta al funcionamiento ordinario del poder judicial» y que «se observa una cadena de perturbaciones en todo el sistema judicial”. La Sentencia concluyó que España violó el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no permitir a seis jueces, candidatos a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, acceder a un proceso justo. La decisión ha sido ajustada, cuatro votos frente a tres y, en el voto discrepante, los magistrados han sostenido que, aunque la cuestión que da origen al caso es «deplorable», no se puede «instrumentalizar» un mecanismo de protección de derechos humanos para resolver una situación como esta.
