El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación urgente de un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de extranjeros que ya residen en España. Esta medida, de carácter excepcional, se presenta como una respuesta directa a la realidad social y económica actual, buscando dotar de igualdad de derechos y mayores garantías jurídicas a quienes ya forman parte de la sociedad española.
La regularización estará dirigida a aquellos extranjeros que a 31 de diciembre de 2025 llevaran al menos 5 años viviendo en España. También se podrán acoger quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes de esa fecha. Como requisito fundamental, los beneficiarios deberán carecer de antecedentes penales, garantizando así la protección del interés general y la seguridad pública.
Los solicitantes que reúnan los requisitos obtendrán una autorización inicial de residencia legal en España, con una vigencia de un año, y transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Este permiso les permitirá trabajar en cualquier sector y en cualquier región del territorio nacional desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, beneficiando así tanto al trabajador, que podrá acceder a derechos laborales y protección social, como a las empresas, que verán reforzada la seguridad jurídica en sus relaciones laborales.
La medida contempla además la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España, otorgándoles un permiso de residencia de cinco años. La finalidad es clara: facilitar la integración de las familias migrantes y salvaguardar los derechos de los menores, facilitando su desarrollo y estabilidad dentro del entorno español.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que las solicitudes podrán presentarse a partir de abril de 2026 y hasta el 30 de junio del mismo año. Todo ello una vez culminados los trámites administrativos que permitirán la puesta en marcha del Real Decreto. El proceso ha sido diseñado para ser ágil y con poca carga burocrática, lo que permitirá a quienes se encuentren en situación irregular tramitar su regularización en un plazo razonable y sin trabas excesivas.
El futuro Real Decreto pretende retomar el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 700.000 firmas y que fue tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. La regularización, además, está enmarcada dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, una iniciativa amplia que el Ejecutivo prevé lanzar próximamente, reforzando un modelo migratorio sustentado en los derechos humanos, la integración social y la cohesión económica y territorial.
La ministra Elma Saiz ha recordado que desde 1986 varios gobiernos han promovido regularizaciones extraordinarias como forma de responder a las necesidades reales y cambiantes de la sociedad española, subrayando la responsabilidad del Estado en el ordenamiento de la convivencia cuando la realidad social avanza más rápido que la normativa.
La regularización extraordinaria permitirá integrar plenamente a miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen al tejido social y económico de España. Las empresas obtendrán seguridad jurídica y acceso a mano de obra regularizada y protegida, fundamental en sectores clave de la economía nacional. Al mismo tiempo, quienes regularicen su situación se beneficiarán del acceso a derechos sociales, laborales y sanitarios, superando la vulnerabilidad derivada de la irregularidad administrativa.
La decisión del Gobierno de abordar esta medida mediante la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería permite que la regularización se implemente de forma inmediata una vez sea publicado el Real Decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria. Esto imprime a la medida una agilidad singular y refuerza la respuesta jurídica ante una necesidad social apremiante. La reforma prevista contribuye a configurar un sistema migratorio más inclusivo, pragmático y alineado con los valores democráticos y de justicia social. Se promueve no solo la legalidad administrativa, sino el reconocimiento efectivo de derechos, la protección de la unidad familiar y la integración en la vida económica y social del país.
