per Andrés A. de Donato | maig 17, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
<<FWU (Forward You) Life Insurance Lux S.A.>>, filial luxemburguesa de la compañía con sede en Alemania congeló su actividad el pasado 31 de enero, tras la intervención del supervisor luxemburgués al detectar que no cumplía los requisitos necesarios para operar. El pasado 27 de febrero la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informó sobre la situación de la compañía, que operaba en España a través de una sucursal, y que dejó de cumplir el 19 de julio de 2024 con el capital de solvencia obligatorio (SCR) y el mínimo obligatorio (MCR) para seguir en activo. “Los productos comercializados en España eran productos de vida“. La Autoridad Supervisora de Luxemburgo (CAA) le dio entonces seis meses de plazo para subsanar la situación, pero la firma “no ha sido capaz de restablecer la cobertura de los pasivos por contratos de seguro”, ha señalado la Dirección General de Seguros en su comunicación. De ahí que el 22 de enero de 2025 el organismo supervisor presentara una “solicitud de disolución y liquidación judicial” de la citada firma luxemburguesa. En España, sus productos, que combinan seguros de vida e inversión, eran comercializados por la firma <<OVB Finanz>>.
FWU es una compañía alemana fundada en Munich en 1983, especializada en el ahorro en seguros de vida. Cuenta con unos 500 empleados y tiene 10 sedes, según los últimos datos de su página web. Los productos de inversión que compraron los clientes españoles se comercializaron desde la filial de Luxemburgo. Su liquidación ha supuesto que “desde el 23 de enero de 2025 queda suspendido el cobro de las primas a los asegurados”. El 31 de enero se nombró como liquidador al abogado luxemburgués Yann Baden. Esta última fecha supone el fin de la aseguradora, por lo tanto, desde la citada fecha los clientes no tienen que pagar las primas y en caso de hacerlo serán devueltas. El administrador concursal se encuentra ahora en plazo para comunicar la situación a cada cliente, a lo más tardar el 31 de julio de 2025, según repasó la Dirección General de Seguros. En ella se incluirá una propuesta del importe que pueden recuperar. Si no están conformes pueden hacer una contrapropuesta. Se advierte de que el proceso “llevará un tiempo”, es decir, años, ya que los plazos se alargan hasta el 31 de enero de 2028 en el caso de las comunicaciones de los afectados para ser admitidos en el proceso de liquidación. No se pagarán intereses durante este tiempo.
Tras conocerse la quiebra, las organizaciones de consumidores en España han lanzado una serie de consejos a los afectados. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros, Adicae, calcula que “decenas de miles de afectados se enfrentan a una situación de incertidumbre sobre la recuperación de su inversión”, a falta de saber la cifra oficial de clientes atrapados por la quiebra. La asociación hace referencia a la citada comunicación de la dirección general de Seguros y del supervisor de Luxemburgo para decir que la situación plantea “serias dudas para los afectados”.
Los “PIAs”
Desde el regulador se señala que las cantidades se determinarán “en base al valor liquidativo de los contratos”. Pero estos contratos de seguro, principalmente Planes Individualizados de Ahorro Sistemático (PIAs), “al no haber llegado a vencimiento generan muchas dudas sobre su auténtico valor liquidativo y forma de cálculo”, recalca la asociación. Desde la asociación de usuarios financieros, Asufin, han recordado que en Sentencia de fecha 25 de septiembre 2024, dos socios de la organización lograron la declaración de nulidad de tres productos de seguro-inversión en la modalidad de unit-linked, comercializados por <<OVB Finanz>> “sin la debida información y evaluación de la idoneidad de estos productos para estos consumidores”. Uno de los PIAs ofrecidos se suscribió con la citada compañía aseguradora <<Forward You (FWU>>). “Aicar-Adicae” ha señalado que se ha dirigido con esta y otras cuestiones sobre el proceso de liquidación al organismo liquidador luxemburgués y a la dirección general de Seguros en España, permaneciendo a la espera de respuesta oficial. “Los productos contratados PIAs carecen a priori de información fiable sobre su rentabilidad y revalorización, motivo por el que es extremadamente necesario que la información que emita el liquidador explique y justifique el cálculo del importe a recuperar por cada uno de los afectados de forma transparente”, plantean desde la asociación.
Cinco consideraciones clave:
1.- La etiqueta no debe engañar: detrás del “seguro” hay un contrato financiero – Muchos de estos productos se vendieron como seguros de vida PIAs, cuando en realidad se trataba de unit linked, vehículos de inversión vinculados a fondos de renta variable, con alta exposición al mercado y gran complejidad técnica. Esta realidad, jurídica y económica, debe prevalecer en el análisis judicial, tal como ya apuntó el Tribunal Supremo en la STS 491/2015: “El nombre del contrato no impide analizar su verdadera naturaleza a efectos de control judicial”.
2.- La responsabilidad del distribuidor es directa y objetiva – <<OVB Finanz>> no es un mero mensajero: es quien selecciona al cliente, le ofrece el producto, le entrega la documentación y, en muchos casos, orienta su decisión. Esa intermediación activa genera responsabilidad. No hay que acudir a Luxemburgo ni al administrador concursal alemán: la vía civil en España, contra el distribuidor, es plenamente viable. En ese sentido, la Sentencia 319/2024 de la Audiencia Provincial de Madrid establece que existe incumplimiento del deber de información y, en su consecuencia, nulidad por vicio en el consentimiento, por lo que procede la restitución del capital y reclamación de daños.
3.- Los daños morales no deben infravalorarse – En muchos casos los clientes no solo han perdido dinero: han perdido seguridad, proyectos personales, años de ahorro. El impacto psicológico y emocional es innegable, y no se debe dejar de lado. La jurisprudencia más reciente en materia de preferentes, valores y subordinadas ya ha reconocido indemnizaciones complementarias en aquellos casos donde el daño moral es evidente.
4.- La documentación es necesaria – Las reclamaciones viables no nacen del descontento, sino de la prueba. Todo afectado debe entender que la póliza, el folleto informativo, los extractos, la correspondencia con el asesor financiero, e incluso los mensajes de WhatsApp pueden marcar la diferencia entre recuperar el capital o perderlo.
5.- El sistema necesita una regulación proactiva – Este caso de “FWU Life” evidencia, una vez más, que los marcos regulatorios llegan tarde. Los mecanismos de supervisión preventiva han fallado. Se ha permitido la comercialización de productos financieros complejos como si fueran seguros inofensivos, sin exigir una verdadera adecuación al perfil del cliente. Es urgente que la CNMV, la DGSFP y las Cortes Generales tomen nota. No puede seguir existiendo un vacío entre el producto diseñado en Luxemburgo, el comercializado en España y las sentencias que se dictan años después.
per Andrés A. de Donato | maig 10, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Cómo disolver una sociedad cuando los administradores y socios tienen el 50% y no hay acuerdos
La ley ofrece soluciones claras, pero es imprescindible contar con el asesoramiento adecuado
En el mundo empresarial, hay algo peor que una sociedad con problemas financieros: una sociedad con dos administradores enfrentados al 50%, sin posibilidad de acuerdo y con un futuro incierto. Si te encuentras en esta situación, es vital que actúes rápido para evitar graves consecuencias legales y económicas.
Disolución de una sociedad
La disolución de una sociedad puede darse por varias razones, pero cuando hay un bloqueo total en la toma de decisiones, la ley ofrece soluciones claras. Según el Art. 363.1 LSC, una sociedad debe disolverse cuando:
- Existe una imposibilidad manifiesta de lograr el fin social.
- Los órganos sociales están paralizados, impidiendo el normal funcionamiento de la empresa.
- El patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, salvo que se aumente o reduzca el capital.
- Ha cesado la actividad durante más de un año.
Si en una empresa con dos administradores que poseen el 50% de las participaciones, éstos están enfrentados, o incluso no hay comunicación entre ellos y no se puede tomar ninguna decisión, se está en un caso claro de «paralización de órganos sociales», lo que permite su disolución judicial.
Debe tenerse en cuenta que en la situación descrita no se firman acuerdos y no se pueden tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Ello provoca que los problemas se acumulen:
- No se presentan cuentas anuales.
- No se pagan impuestos ni salarios.
- Los acreedores empiezan a reclamar deudas.
- La empresa pierde clientes por falta de gestión.
Si no se actúa rápido, los administradores podrían incurrir en responsabilidad personal por las deudas de la empresa, según el Art. 367 de la LSC.
Si los administradores no pueden ponerse de acuerdo para disolver la sociedad voluntariamente, existen dos vías para solicitar la disolución:
- Disolución por acuerdo de la junta general: si hay una posibilidad mínima de entendimiento, se puede convocar la junta de socios y acordar la disolución de la sociedad con los votos necesarios.
- Disolución judicial por paralización de los órganos sociales: cuando los socios-administradores no se ponen de acuerdo, cualquier socio o acreedor puede solicitar al juez la disolución forzosa por paralización de los órganos sociales, según el Art. 363.1 d) de la LSC. Este proceso se realiza en el Juzgado de lo Mercantil, y una vez aprobada la disolución, se nombra un liquidador para repartir los activos y pagar las deudas.
Si hay insolvencia, el riesgo es máximo – Si la empresa está en situación de insolvencia, el administrador que no actúe rápidamente podría ser considerado responsable personal de las deudas de la sociedad. El Art. 5 de la Ley Concursal (LC) establece que los administradores tienen la obligación de solicitar concurso de acreedores en un plazo de dos meses desde que la empresa no puede pagar regularmente sus obligaciones. Si no lo hacen, pueden enfrentar:
- Responsabilidad personal e ilimitada por las deudas.
- Inhabilitación para administrar empresas.
- Multas e incluso responsabilidades penales en casos graves.
En DE DONATO ADVOCATS podemos dar solución al bloqueo de la empresa:
- Negociando una salida ordenada con el resto de socios.
- Disolviendo la sociedad de manera rápida y eficiente.
- Protegiendo el patrimonio ante posibles responsabilidades.
- Solicitando el concurso de acreedores si es necesario.
Enfrentarse a un bloqueo societario con administradores al 50% es una situación compleja que no debe prolongarse. Cuanto más tiempo pase sin resolver el conflicto, mayores serán los riesgos legales y económicos. La ley ofrece soluciones claras, pero es imprescindible contar con el asesoramiento adecuado para evitar caer en una espiral de deudas y responsabilidades personales. Si estás en esta situación, actúa ahora y evita que tu sociedad se convierta en un problema irreversible.
per Andrés A. de Donato | maig 3, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
En 2025, las indemnizaciones por despido no tributan en el IRPF si se ajustan a los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (ET). Esto significa que, si la indemnización recibida es la obligatoria por ley (hasta 33 días de salario por año trabajado en despidos improcedentes, o 20 días en despidos objetivos), no se tendrá que declarar el importe de la indemnización en la renta.
En todos los casos, el disfrute de esta exención está condicionado a la real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra vinculada a ella, en los términos previstos en el Art. 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, siempre que en el caso en que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación sea igual o superior al 25% (Art. 1 Reglamento IRPF).
La aplicación de la exención exige que la indemnización por despido o cese del trabajador tenga carácter obligatorio, no estando amparada la establecida a través de convenio o pacto.
Límite de exención:
Debe tenerse en cuenta que la exención se aplica a la indemnización obligatoria según el Estatuto de los Trabajadores hasta un límite máximo de 180.000 euros, la parte excedente sí que tributará como rendimiento del trabajo.
Además, en el caso de despido improcedente, la indemnización exenta (de hasta 33 días por año trabajado) tiene un límite máximo de 24 mensualidades. Y en caso de despido objetivo, la indemnización exenta (de hasta 20 días por año trabajado) tiene un límite máximo de 12 mensualidades.
Reducción por rentas irregulares:
En caso de indemnizaciones superiores al límite, se puede aplicar una reducción del 30% sobre el exceso si se cumplen ciertos requisitos, como que el ingreso se haya generado en más de dos años y que se impute en un único ejercicio fiscal.
per Andrés A. de Donato | abr. 26, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
El Tribunal Supremo ha establecido que la Agencia Tributaria podrá investigar y revisar ejercicios fiscales que ya habían prescrito, siempre y cuando dichas revisiones estén relacionadas con actividades que impactaron en periodos posteriores aún no prescritos.
El Alto Tribunal ha reiterado esta doctrina en su reciente Sentencia núm. 382/2025, de 02/04/2025, Rec. 8998/2022 (STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Ponente: Francisco-José Navarro Sanchís), y que ya había puesto de manifiesto en su Sentencia núm. 425/2024, de 11/03/2024.
El Tribunal consolida así la reforma de la Ley General Tributaria de 2015 (Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria) por la que se reformó el Art. 115 LGT en el sentido de que las comprobaciones e investigaciones que la Administración Tributaria está facultada a realizar pueden extenderse a ejercicios o periodos prescritos y a conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el Art. 66.a) LGT, siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el Art. 66 LGT que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los que se refiere el Art. 66 bis.2 LGT, en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido. En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el Art. 66.a) LGT, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.
La Sentencia subraya que es potestad del legislador definir los márgenes de actuación de la Administración tributaria incluso con efectos retroactivos, y que la reforma de 2015 se orientó claramente a dotar de mayor eficacia al sistema de control fiscal, permitiendo un análisis integral de los hechos relevantes que impacten sobre la correcta determinación de la deuda tributaria. En este sentido, el Supremo reitera que la imprescriptibilidad no implica la posibilidad de liquidar impuestos respecto a ejercicios caducados, pero sí permite examinar actuaciones pasadas cuando sean necesarias para valorar con precisión las obligaciones tributarias pendientes de regularización en periodos vigentes.
Además, el Supremo refuerza la idea de que no existe en el marco constitucional español un derecho del contribuyente a que se mantenga inalterado un régimen fiscal determinado, ni tampoco una prohibición expresa sobre la retroactividad en el ámbito tributario, citando a este respecto una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 que sostiene que las normas tributarias, al no ser de naturaleza sancionadora, pueden tener efectos retroactivos cuando así lo decida el legislador, en virtud del principio de capacidad económica y la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Un voto particular de Navarro Sanchís
No obstante, la sentencia del Supremo ha contado con un voto particular emitido por el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, quien paradójicamente también fue el ponente de la resolución. En su opinión, la aplicación irrestricta de esta nueva facultad de la Agencia Tributaria podría socavar principios fundamentales como la seguridad jurídica y la confianza legítima, pilares esenciales en un Estado de Derecho.
Navarro Sanchís advierte que permitir una revisión ilimitada de actos ya prescritos supone desdibujar el valor jurídico de la prescripción, que históricamente ha operado como una garantía frente a la inactividad administrativa. A su juicio, interpretar el silencio legal como un cheque en blanco para revisar hechos del pasado sin cortapisas temporales genera inseguridad para el contribuyente y puede acabar premiando la pasividad de la propia Administración tributaria.
El magistrado aboga, por tanto, por una lectura más matizada de la reforma legal, que combine la necesidad de eficacia fiscal con el respeto a los principios constitucionales. En su voto particular, plantea que la norma debería ser interpretada de forma que se establezcan límites razonables al uso retroactivo de estas facultades, evitando resultados que puedan considerarse absurdos o desproporcionados.
per Andrés A. de Donato | abr. 18, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Algunos clientes nos preguntan si a efectos de calcular la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de un inmueble, el valor de transmisión se puede minorar en el importe del crédito hipotecario pendiente.
A esta cuestión ha respondido de forma clara la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (valga por todas la Consulta V1543/22 de 27 de junio de 2022), estableciendo que la transmisión de la vivienda habrá generado en el transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33.1 LIRPF.
El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinado, según el Art. 34.1.a) LIRPF, por “la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales”.
La determinación de los valores de adquisición y transmisión se recoge en el Art. 35 de la misma ley en el caso de transmisiones onerosas, configurándose de la siguiente forma:
“1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:
- a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.
- b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.
En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.
- El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.
Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste”.
Por gastos inherentes a las operaciones de adquisición y transmisión cabe entender aquellos que correspondan a actuaciones directamente relacionadas con la compra y la venta del inmueble.
Ente los gastos inherentes a la transmisión cabe citar, entre otros, de acuerdo con el criterio establecido en consulta tributaria V0926-18 de fecha 10 de abril de 2018, los gastos de notaría y registro por la cancelación de la hipoteca, honorarios de la inmobiliaria con motivo de la gestión de la venta, gastos de expedición de certificados de eficiencia energética, de habitabilidad, y sobre el estado de deudas con la comunidad de propietarios, y el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, siempre que dichos gastos hayan sido satisfechos por el transmitente.
Por tanto, entre dichos gastos no se encontrará en ningún caso la amortización del crédito hipotecario que grava el inmueble transmitido al no corresponderse con actuaciones directamente relacionadas con la venta del inmueble.
Finalmente, resta por indicar que, al tratarse de la transmisión de un elemento patrimonial, la ganancia patrimonial que en su caso se genere por la venta del inmueble, se integrará en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el Art. 49 LRIPF.
per Andrés A. de Donato | abr. 12, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio (Art. 16.1 LIS). A estos efectos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
Se entenderá por gastos financieros netos, el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos no deducibles a que se refieren las letras g) y h) del Art. 15 LIS y el Art. 15 bis de dicha Ley.
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo: 1) Eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y, 2) Adicionando los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del Art.15 h) LIS.
Cuando los gastos financieros netos de un período impositivo de un año de duración no superen 1 millón de euros, estos serán deducibles fiscalmente sin sujeción al límite del 30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio. Y cuando el período impositivo tenga una duración inferior a un año, la cuantía de gastos financieros netos del mismo deducibles fiscalmente sin dicho límite será la resultante de multiplicar 1 millón de euros por la proporción de la duración del período impositivo respecto del año.
Los gastos financieros netos no deducidos podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y con el límite del 30 por ciento referido. En caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcancen dicho límite, la diferencia entre este y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite, respecto de la deducción de los gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.
No ocurre lo mismo respecto del importe de 1 millón de euros, en la medida en que si los gastos financieros netos de un ejercicio no alcanzan dicho importe, la diferencia entre 1 millón de euros y el gasto financiero neto deducido en el período impositivo no se puede aplicar en períodos impositivos futuros. Sin embargo, el importe de 1 millón de euros puede alcanzarse con los gastos financieros netos del período impositivo y con gastos financieros pendientes de deducir de períodos impositivos anteriores hasta dicho importe.
En cuanto a la aplicación de esta limitación a las entidades que tributen con arreglo a lo dispuesto en el Art. 43 LIS, el Art. 16.3 LIS establece que los gastos financieros netos imputados a los socios de dichas entidades, se tendrán en cuenta por aquellos a los efectos de la aplicación del límite del 30 por ciento.
Por último, en relación con la aplicación de la limitación de en la deducibilidad de los gastos financieros, el Art. 16.5 LIS establece que los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional del 30 por ciento del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en este apartado serán deducibles en períodos impositivos siguientes con el límite previsto en los apartados 1 y 5 del Art. 16 LIS.
El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por ciento del precio de adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30 por ciento del precio de adquisición.
