El Congreso ha rechazado finalmente este viernes los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pretendía sentar unas bases mínimas con las que aliviar la crisis habitacional, y que habían sido negociados durante días con los socios de la investidura. PP, Vox y, finalmente, también Junts han votado en contra de ambos textos, en una sesión extraordinaria que se produce en medio de una presión creciente de la calle. Las acampadas por la vivienda han ganado terreno y conquistado el espacio de cada vez más ciudades. El desahucio de Maricarmen hace algo más de una semana sirvió como detonante para una movilización que ha ido a más y ampliando el foco sobre toda la cuestión de la vivienda.
El Gobierno troceó su paquete de medidas en dos decretos. Uno amplio y diverso y otro que se limitaba a las renovaciones indefinidas de los contratos de alquiler. El rechazo del segundo estaba prácticamente asumido. PNV y Coalición Canaria ya habían avanzado que votarían en contra, por lo que el texto, impulsado fundamentalmente por Sumar y por los socios de izquierda, estaba condenado al fracaso. La esperanza del Ejecutivo estaba en salvar al menos el primero, un paquete mucho más amplio que sí contaba con el respaldo anunciado de vascos y canarios y que incorporaba medidas como la prórroga extraordinaria de los contratos durante dos años, la protección frente a los desahucios o nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones. Pero Junts terminó inclinando la balanza en contra de los dos. La decisión llegó después de haber participado en las negociaciones y a pocas horas de la votación, cuando la formación catalana comunicó la noche de antes que no apoyaría los textos y reclamó al Gobierno que los retirase para elaborar un nuevo decreto. El Ejecutivo decidió mantenerlos en el orden del día y someterlos al pleno, dejando que PP, Vox y Junts asumieran su posición.
