Cómo afecta la subida del SMI al IRPF: claves para entender el cambio fiscal
Los solteros sin hijos que cobran el salario mínimo interprofesional podrían llegar a destinar hasta un 43% de su subida salarial a Hacienda
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros en catorce pagas no ha recibido tan buena acogida como el Gobierno esperaba. Y es que, a pesar de que supone una mejora de 700 euros anuales —unos 50 euros netos más al mes para aquellos trabajadores que tengan su salario distribuido de esta manera— muchos de los preceptores de este aumento tendrán que tributar, por primera vez, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo que no implica que estén obligadas a presentar la declaración de la renta, pues dicho gravamen se descontará directamente de sus nóminas.
Según han informado desde el ministerio de Hacienda, aquellos contribuyentes que puedan sufrir los efectos de esta decisión pagarán menos impuestos que los que abonarían con el esquema actual. Estas retenciones por IRPF únicamente perjudicarán entorno a medio millón de asalariados, lo que supone alrededor de un 20% de aquellos que cobrarán el nuevo salario mínimo interprofesional. Los solteros sin hijos serán los más afectados, pues tal y como ya advirtió el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo, esta medida les obligaría a pagar 300 euros en impuestos al año, o lo que es lo mismo, 21 euros mensuales distribuidos en catorce pagas —casi un 43% de lo que van a empezar a ganar con la subida del SMI—.
Al aumentar el SMI, también en consecuencia se incrementará el número de casos de contribuyentes que —al cobrar de segundos pagadores más de 1.500 euros al mes— tendrán obligación de presentar renta, lo que termina creando más situaciones para ciudadanos que no esperaban un pago consiste en la diferencia entre retenciones reducidas y la cantidad final a pagar.
Entorno a medio millón de asalariados comenzarán a tributar
Las dos únicas maneras de evitar que los trabajadores afectados se vieran obligados a tributar por IRPF serían, o bien modificando el artículo 20 de la Ley de IRPF, de forma que la reducción por obtención de rendimientos del trabajo se amplíe para cubrir la subida realizada hasta los 16.576 euros anuales como ha propuesto el Sindicato de Técnicos de Ministerio de Hacienda; o bien actualizando el importe mínimo a partir del cual se obliga a practicar la retención de IRPF, aumentándolo de los 15.876 euros a los 16.576 euros y salvando así el exceso de 700 euros, que es lo que genera la obligación a tributar.
Esto último es lo que venía sucediendo en los últimos años cada vez que se subía el salario mínimo interprofesional; y es justo esto mismo lo que critican ahora los partidos de la oposición y algunos partidos de la coalición. Si bien el PSOE ha defendido la tributación alegando que el SMI ha subido un 61% desde 2018 y que su exención fiscal «ya no es sostenible». Hacienda respalda esta medida al considerar que seguir elevando el umbral exento supondría una pérdida de recaudación de 1.500 millones de euros en 2024, lo que impactaría negativamente en las cuentas públicas. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo sostiene que se debería actualizar el mínimo exento para garantizar que el incremento salarial se refleje íntegramente en el bolsillo de los trabajadores. Unas discrepancias que denotan diferencias de criterio dentro de la coalición.
Al preguntarse sobre posibles soluciones para evitar que quienes perciben el SMI tengan que tributar sin comprometer la sostenibilidad fiscal, algunos expertos señalan que existen medidas viables para mitigar este impacto. Una de las principales acciones sería ajustar los umbrales fiscales, comenzando por elevar el importe mínimo a partir del cual los trabajadores están obligados a declarar sus ingresos. Actualmente, este umbral se sitúa en 15.876 euros anuales, por lo que un incremento permitiría que más trabajadores con salarios bajos quedaran exentos de tributar. Además, puede revisarse el límite de 1.500 euros aplicable a los ingresos provenientes de segundos y siguientes pagadores. En la situación actual, si un trabajador percibe más de esta cantidad de distintas fuentes, queda obligado a presentar la declaración de la renta. Un umbral que gran parte de los expertos califican de demasiado bajo, razonando que su aumento permitiría reducir el número de contribuyentes afectados por la nueva medida sin comprometer gravemente la recaudación fiscal.
