per Andrés A. de Donato | set. 6, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Los ayuntamientos no pueden fijar diferentes tarifas por el uso de las instalaciones municipales en función del empadronamiento de los usuarios
Las corporaciones locales no pueden aprobar bonificaciones fiscales por razón residencia porque es contrario al principio de igualdad
El empadronamiento o no en el municipio como único criterio tenido en cuenta por la administración local para establecer bonificaciones fiscales a los usuarios de los servicios públicos, es contrario al derecho fundamental a la igualdad del Art. 14 de la Constitución Española. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en su Sentencia núm. 132/2025, de 01/04/2025, en la que examina la legalidad de la tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Torrelavega.
El Tribunal declara que es ilegal la Ordenanza Fiscal que regula dicha tasa por el uso de las instalaciones deportivas públicas por cuanto la misma distingue diferentes tarifas en razón de si el usuario del servicio público está empadronado o no en el municipio.
Las corporaciones locales sólo pueden establecer bonificaciones fiscales en beneficio de sectores personales económicamente débiles
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece, en su Art. 150, el principio de igualdad de los usuarios ante las tarifas de los servicios. No obstante, el apartado 2 de dicho precepto permite a las corporaciones locales fijar tarifas reducidas o bonificadas en beneficio de sectores personales económicamente débiles. En el presente caso, el empadronamiento o no en el municipio era el único criterio observado por el Ayuntamiento para establecer la bonificación fiscal mencionada. Es decir, que en este caso no se aprobó bonificación alguna por razón de la capacidad económica, sino que “los beneficios fiscales eran solo para los empadronados en el municipio, con independencia de que fueran o no titulares de una o más viviendas frente a aquellos que no figurasen empadronados en el municipio, diferencia de trato totalmente artificiosa e injustificada, por no venir fundada en un criterio objetivo y razonable de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados”.
Esa bonificación fiscal fijada por el Ayuntamiento de Torrelavega, teniendo como único criterio si los usuarios de las instalaciones públicas municipales estaban empadronados o no, “es un motivo claramente ajeno a la naturaleza de las causas justificativas incluidas en la jurisprudencia” —señala la Sala en la sentencia— “ya que no atiende al criterio de la capacidad económica de los usuarios del servicio público”. En consecuencia, el artículo de la Ordenanza Fiscal que establece diferentes tarifas para el uso de las instalaciones deportivas del municipio en base a ese criterio, se declara nulo por ser contrario al Art. 14 de la Constitución Española en relación con el Art. 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
per Andrés A. de Donato | ag. 30, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Resulta imprescindible la visita al interior de los inmuebles en los procedimientos de comprobación de valores
Vivimos tiempos en los que las garantías en el procedimiento tributario, especialmente en el ámbito de la comprobación de valores inmobiliarios, ocupan buena parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ello de forma positiva, pues las sentencias dictadas, en su gran mayoría, vienen a reforzar la seguridad jurídica y derechos del contribuyente. La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de junio de 2025 (STS 2874/2025), resuelve un recurso de casación presentado por un particular frente a la liquidación y sanción dictadas por la Administración tributaria en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), derivadas de una aportación no dineraria de inmuebles a una sociedad mercantil.
El asunto central versaba sobre la metodología de valoración de los inmuebles utilizada por los peritos de la Administración, concretamente, si resulta imprescindible la visita al interior de los inmuebles en los procedimientos de comprobación de valores, o si puede considerarse suficiente una inspección limitada al exterior.
Los bienes inmuebles objeto del litigio formaban parte de una herencia y se aportaron a una comunidad de bienes y, posteriormente, a una sociedad mercantil en una operación que pretendía acogerse al régimen fiscal-tributario de neutralidad típico de fusiones y aportaciones de ramas de actividad.
La Inspección negó la aplicación de dicho régimen especial, al considerar que no existía actividad económica real en la comunidad de bienes y, por tanto, debía tributarse por las ganancias patrimoniales generadas.
Para determinar tales ganancias, Hacienda practicó una valoración de los inmuebles considerando como suficiente la visita exterior, sin acceder a su interior, presumiendo que el estado interior era equivalente al aparente desde fuera.
Tras la desestimación de las reclamaciones y recursos administrativos, el particular recurrió ante la Audiencia Nacional, que confirmó la postura de la Administración.
En casación, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso ante la existencia de interés casacional consistente en precisar los estándares de motivación y la exigencia de visita interior en la comprobación de valores inmobiliarios.
El Tribunal Supremo reitera y refuerza su doctrina previa en cuanto a los requisitos de motivación y garantías para el contribuyente en la comprobación de valores por dictamen pericial de la Administración. En este sentido, destaca que:
La regla general debe ser la visita ocular individualizada al interior y exterior del inmueble por parte del perito. Solo excepcionalmente, y con justificación expresa, puede omitirse la visita al interior, ya sea por imposibilidad (p.ej., negativa documentada del propietario), o por la concurrencia de circunstancias acreditadas que la hagan innecesaria. El perito debe incorporar en su dictamen las razones por las que no procede la visita interior, siendo inaceptable la mera presunción de que el estado interior es igual al exterior.
La carga de la prueba, conforme al Art. 114.1 LGT, corresponde a la Administración, no exigiéndose al contribuyente recurrir forzosamente a la tasación pericial contradictoria para combatir valoraciones insuficientemente motivadas.
En el caso concreto, la Sala aprecia que la valoración administrativa carece de motivación suficiente, pues solo se realizó visita exterior sin justificación, por lo que anula la liquidación y sanción impuestas.
El Tribunal, admite que pueden darse supuestos razonados y excepcionales en los que concurran circunstancias que hagan innecesaria la visita (accesibilidad, naturaleza del bien, negativa debidamente acreditada del titular, etc.). Pero exige, también aquí, que la justificación sea concreta, individualizada y debidamente incorporada al expediente. Esta exigencia huye, acertadamente, de planteamientos maximalistas o de obstáculos insalvables para la Administración; en realidad, lo que demanda es un plus de diligencia y seriedad en la motivación, sin renunciar al control jurisdiccional de la actividad administrativa, que es la última garantía frente a la arbitrariedad.
La sentencia enfatiza que la carga de la prueba sobre la corrección y suficiencia del método de valoración corresponde, sin ambages, a la Administración. No puede imponerse al contribuyente la obligación de promover una tasación contradictoria solo para suplir la falta de motivación pericial de la Administración, pues esto supondría cargarle con un coste injustificado y, lo que es peor, le colocaría en situación de indefensión. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y anula la resolución administrativa impugnada y sus consecuencias (liquidación y sanción). Y fija doctrina interpretativa sobre la exigencia de visita al interior en la valoración pericial de inmuebles para comprobación de valores tributarios.
La sentencia dictada, resulta especialmente valiosa porque pone freno a una tendencia detectada en la práctica de la Administración: convertir la comprobación de valores en un procedimiento de rutina, abaratando sus costes a expensas de sacrificar garantías del contribuyente. El Supremo se posiciona de modo inequívoco: la “comodidad de la Administración” no puede justificar la relajación de los estándares de motivación en perjuicio del obligado tributario. En un contexto en el que la eficiencia y la gestión masiva de expedientes pueden llevar a descuidar garantías esenciales, sentencias como ésta, devuelven el foco al principio de buena administración, al control judicial de la discrecionalidad y, en definitiva, a la primacía del interés general entendido como suma de intereses individuales dignos de protección.
per Andrés A. de Donato | ag. 23, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Falsificar un currículum puede estar penado con hasta 2 años de cárcel
Si se ejercen actos propios de una profesión sin tener el correspondiente título académico u oficial, podría ser considerado un delito de intrusismo profesional
Mentir en el currículum puede suponer un delito, siempre y cuando se entienda que esta mentira fue hecha para “perjudicar a otro”. El Art. 395 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a dos años al que, “para perjudicar a otro”, cometa en documento privado alguna falsedad alterando un documento en alguno de sus requisitos esenciales, simule un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad, haga suponer en un acto la intervención de personas que no han estado o atribuya a las que sí lo han hecho declaraciones o manifestaciones diferentes a las que realmente hubieran hecho.
Por lo tanto, si se hace creer que se tiene una experiencia o unas capacidades que realmente no se tienen, es un engaño al empresario que contrata al recibir un dinero por prestar unos servicios para los que realmente no se está cualificado, y por lo tanto, en función de las circunstancias que concurran, podría ser demandado por los daños y perjuicios que haya causado con dicha acción, ser denunciado penalmente por estafa o por un delito de intrusismo profesional si se ejercen actos propios de una profesión sin tener el correspondiente título académico u oficial.
¿Qué ocurre en el caso de falsificar un documento oficial?
Antes de querer aparentar más cualificaciones de las que realmente se tienen falsificando el título de experto de algún curso o incluso de la universidad a pesar de no haber terminado la carrera, hay que tener en cuenta que falsificar documentos está castigado penalmente como delito de falsedad en documento oficial, como indica el Art. 392 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Si se aporta el documento privado falso ante una entidad pública, como puede ser en el caso de querer optar a algunos empleos, se estará cometiendo un delito de falsedad en documento oficial. Si lo que se hace es confeccionar un documento público falso o una certificación falsa, se cometerá falsedad en documento público si se falsea un documento notarial o judicial.
Si el documento falso se aporta en un proceso judicial, se estará cometiendo un delito de estafa procesal, del Art. 250 de Código Penal, que castiga con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses al que en un proceso judicial de cualquier clase manipule las pruebas en las que pretenda fundar sus alegaciones, provocando error en el juez o tribunal y acabe dictando una resolución que perjudique los intereses económicos de la parte contraria o de un tercero.
En el caso de los documentos públicos, cuando el autor de la falsificación es una autoridad o un funcionario público, la pena aumenta aún más, pudiendo suponer hasta seis años de prisión.
Qué sucede si el empresario se entera a posteriori de que se ha falsificado el currículum
La falsificación de un documento privado requiere como requisito legal poder demostrar que se está actuando con voluntad y siendo conscientes de querer perjudicar a otro. Será el Juez quien valore si en el currículum tan sólo se está faltando a la verdad o por el contrario se está simulando un documento o alterando algún elemento esencial, porque la sola mentira no basta para cometer el delito.
Si el empresario o cualquier persona descubre la comisión de un delito público, pueden denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en el Juzgado de instrucción de guardia del lugar de los hechos, pues al ser un delito público es denunciable por cualquiera que tenga noticia del hecho.
Al transgredir la buena fe al actuar contra los principios de lealtad, integridad y mutua confianza en el cumplimiento de las obligaciones laborales, se puede justificar un despido disciplinario por quebrar la buena fe laboral, al suponer una actitud desleal que puede llevar al despido, según se establece en el Art. 54 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, habría que revisar el caso concreto. Por ejemplo, si se contrató a un trabajador por una experiencia que resultó ser falsa, pero demuestra a lo largo del tiempo estar cualificado para realizar las tareas de su contrato superando el periodo de prueba, esa mentira no sería causa de despido.
Cuidado con ayudar a un amigo a falsificar el currículum
Si una persona ayuda a otra a falsificar documentos oficiales, a modificar el currículum, a añadir información falsa en sus perfiles de empleo y toda aquella ayuda sin la que podría haber cometido los hechos, se estaría ante lo que se conoce como cooperación necesaria, en cuyo caso la pena para el “coautor” será la misma que para el autor.
per Andrés A. de Donato | ag. 16, 2025 | Notícies - Administració de Finques, Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
España es un país que siempre ha estado muy relacionado con el resto del mundo, especialmente con los países europeos y los de Iberoamérica. Un rápido vistazo a nuestra historia nos permite entender esta afirmación. Son cientos de miles los extranjeros que tradicionalmente han mantenido intensos vínculos con España. Modernamente, el fenómeno del turismo y el gran atractivo de nuestro país ha provocado que cada año casi 100 millones de personas nos visiten. Muchos de ellos quedan tan maravillados con la experiencia que deciden adquirir una vivienda en España para pasar temporadas más extensas e, incluso, para retirarse a vivir una vez jubilados en sus respectivos países.
Uno de los obstáculos que históricamente habían encontrado los extranjeros y las empresas foráneas en sus relaciones económicas con España era el de la imposibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad sus operaciones inmobiliarias cuando estas se documentaban ante autoridades extranjeras.
La cuestión llegó al Tribunal Supremo que, en una Sentencia de 19 de junio de 2012, confirmó el criterio de la Audiencia Provincial de Tenerife y corrigió la decisión adoptada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, permitiendo que una escritura autorizada por un Notario alemán pudiera inscribirse en el Registro de la Propiedad sin necesidad de un nuevo otorgamiento ante notario español. Pero hacía falta una norma legal que recogiera este criterio y que situara a España en una situación de plena interoperabilidad con los países de nuestro entorno. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, de la que ahora celebramos su décimo aniversario, así lo estableció:
«Disposición adicional tercera. Inscripción en los registros públicos de documentos públicos extranjeros.
1.- Un documento público extranjero no dictado por un órgano judicial es título para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado.
b) Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen.
c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado.
d) Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español.
2.- El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones dictadas por autoridades no judiciales extranjeras será aplicable a las resoluciones pronunciadas por órganos judiciales extranjeros en materias cuya competencia corresponda, según esta ley, al conocimiento de autoridades españolas no judiciales».
Como se desprende de la literalidad de la norma, será el Registrador de la propiedad competente el que, en el ejercicio de su función de control de legalidad que el legislador le atribuye en exclusiva para garantizar que los títulos que se inscriben se ajustan al ordenamiento, el que deberá comprobar que se cumplen todas las premisas que esta Disposición Adicional establece para que el documento otorgado ante notario o autoridad extrajudicial extranjera pueda acceder al Registro.
En consonancia con lo que dispone el Art. 18 de la Ley Hipotecaria española, el Registrador no solo realizará un examen del cumplimento de los requisitos formales aplicables al caso (legalización, apostilla…), sino que llevará a cabo un exhaustivo análisis de la validez de fondo del acto inscribible, teniendo en cuenta las normas que le sean aplicables, de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional Privado. Además, examinará que dicho acto no sea contrario al orden público español, con especial referencia a los principios recogidos en la Constitución Española. El legislador español dio un paso decisivo en esta materia. Para ello contó con la facilidad de tener un sistema registral que hace descansar sus efectos en la calificación del Registrador, lo cual le permite garantizar que ningún perjuicio para la seguridad jurídica puede derivarse de la inscripción de un documento público extranjero si el Registrador asegura el cumplimiento de estas reglas esenciales que acabamos de exponer.
Este proceso de internacionalización del sistema registral español se ha visto reforzado y relanzado con la aprobación de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que ha transformado nuestros Registros, abandonando el tradicional formato de libros en papel para establecer un sistema puramente electrónico. En este sentido tiene particular importancia la creación de la sede electrónica de los registradores, que constituye una ventana abierta a cualquier persona, esté donde esté, para que pueda interaccionar con el Registro de forma telemática. Por tanto, cualquier notario extranjero puede solicitar publicidad registral de forma electrónica, manteniéndose actualizada dicha información telemáticamente durante el plazo de diez días para que pueda preparar con total seguridad el documento correspondiente. Asimismo, una vez firmada la escritura, podrá presentarla inmediatamente de forma electrónica, garantizándose la consecución de la prioridad registral para el derecho transmitido o constituido.
per Andrés A. de Donato | ag. 9, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Aplicación del régimen de “las fusiones especiales”
En la denominada “fusión inversa”, la sociedad filial íntegramente participada absorbe a su matriz que, tras la operación, se extingue y transmite en bloque todo su patrimonio social a la absorbente. Esta circunstancia permite aplicar el régimen simplificado previsto para las fusiones especiales, conforme al Art. 56 del Real Decreto-Ley 5/2023.
Dicho precepto se remite al Art. 53 del Decreto, el cual dispone que, en caso de absorción de sociedades íntegramente participadas, la operación puede ejecutarse sin necesidad de cumplir determinados requisitos (entre otros, la aprobación del acuerdo de fusión por la junta general de la sociedad absorbida, en aplicación del Art. 53.1. 4.º). En consecuencia, se flexibilizan significativamente los requisitos formales, simplificando y agilizando el proceso de fusión.
Supuesto de hecho: En el supuesto que analizamos, si bien la matriz absorbida no está obligada a auditar sus cuentas, la filial absorbente sí lo está, al cumplirse durante dos ejercicios consecutivos dos de las siguientes circunstancias previstas en el Art. 263 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC): (1) el total de las partidas del activo supera los 2.850.000 €; (2) el importe neto de su cifra anual de negocios supera los 5.700.000 €; y (3) el número medio de trabajadores es superior a 50.
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Deben los balances de Fusión someterse a verificación de auditor?
Partimos de la premisa de que, en el caso de la Fusión, la exención a que se refiere el Art. 53.1. 4.º del Real Decreto-Ley 5/2023 debe entenderse referida al acuerdo de la junta de la sociedad absorbente (filial), y no de la absorbida (matriz). En este sentido se pronuncia la Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que analiza un recurso en el contexto de una Fusión, cuando indica que “la inversión se traduce en la innecesariedad de junta general de la sociedad absorbente y en la necesidad de junta general de la sociedad absorbida, al ser los intereses de sus socios los únicos afectados por la reforma estructural”.
Sentado lo anterior, procede acudir al Art. 44 del Decreto, relativo a la verificación y aprobación del balance, que establece: “El balance de fusión y las modificaciones de las valoraciones contenidas en el mismo deberán ser verificados por el auditor de cuentas de la sociedad, cuando exista obligación de auditar, y habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta general que resuelva sobre la fusión a cuyos efectos deberá mencionarse expresamente en el orden del día de la junta. Esta regla no será de aplicación cuando conforme a las disposiciones de este real decreto-ley no se requiera aprobación del acuerdo de fusión por la junta general”.
De acuerdo con dicho precepto podemos afirmar que no es necesario auditar los balances de Fusión, por las siguientes razones:
1.- En relación con la sociedad absorbida (matriz), no resulta exigible la auditoría de su balance, por no cumplirse los Requisitos (primer párrafo del Art. 44).
2.- Por lo que respecta a la sociedad absorbente (filial), aunque cumple con los requisitos, se exime de la necesidad de auditoría por no requerirse la aprobación del acuerdo de Fusión por la junta general (segundo párrafo del Art. 44). Es decir, al tratarse de una fusión especial en los términos de los Arts. 53 y 56 del Decreto, y dado que no es exigible la aprobación del acuerdo de Fusión por la junta general de la sociedad absorbente, tampoco será preceptiva la auditoría de su balance.
La exención de la obligación de auditoría responde a la voluntad del legislador de facilitar la ejecución de fusiones intragrupo, reduciendo formalidades sin comprometer la seguridad jurídica de las partes involucradas. En este sentido, dicha exención no vulnera los derechos de los acreedores, dado que el patrimonio y la estructura del grupo permanecen intactos. Sin perjuicio de lo anterior, la celebración de junta general en la sociedad absorbente y la consiguiente verificación de su balance no impedirían la inscripción de la Fusión en el Registro Mercantil. No obstante, optar por esta vía implicaría asumir costes y plazos innecesarios.
per Andrés A. de Donato | ag. 2, 2025 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
La reciente Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el ‘caso Nummaria’ ha generado un intenso debate entre los profesionales del asesoramiento fiscal y jurídico. No es para menos. La condena de más de 80 años de prisión impuesta a un asesor (aunque limitada por ley a un máximo de nueve) por articular un sistema de evasión fiscal que afectó a decenas de clientes, entre ellos figuras públicas como Imanol Arias y Ana Duato, obliga a reflexionar. No solo por el impacto mediático, sino por lo que representa: un recordatorio de los límites entre el ejercicio profesional legítimo y la cooperación con el fraude.
Pero esta sentencia no hace más que recordar que asesorar no es encubrir, ni mucho menos diseñar estructuras para delinquir. Quien lo hace, deja de ser un profesional para convertirse en cooperador necesario de un delito. Y eso, como hemos visto, tiene consecuencias penales reales.
Los profesionales del asesoramiento fiscal y contable (abogados, economistas, gestores administrativos, asesores fiscales y contables, etc.) actúan en un terreno delicado. Las personas que acuden a los asesores fiscales y contables lo hacen porque confían en dichos profesionales, porque no dominan la materia que quieren resolver y necesitan ayuda. Esa confianza es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y a veces se pone a prueba, cuando un cliente plantea soluciones fiscales “creativas”, plantea atajos o directamente propone prácticas que vulneran (o rozan peligrosamente) la legalidad.
Es precisamente en esos momentos cuando se define el verdadero carácter del profesional. Porque no se trata solo de tener conocimientos técnicos: se trata de tener integridad. De saber decir que no cuando el cliente espera un sí. De explicar con claridad qué se puede hacer, qué no, y qué consecuencias puede tener cada decisión.
Para proteger la labor de asesoría y a los clientes, contamos con una guía clara: la lex artis, el conjunto de principios jurídicos, técnicos y deontológicos que deben regir nuestra actuación. A diferencia de otros sectores donde se exigen resultados, nuestra responsabilidad es una obligación de medios: debemos actuar con diligencia, con honestidad, con transparencia y dentro del marco legal. No prometemos milagros, pero sí garantizamos una actuación profesional. Y esa lex artis no solo guía al asesor. También le protege. Cuando se actúa conforme a ella, la jurisprudencia es clara: no hay responsabilidad penal, civil, ni tributaria. El profesional queda amparado siempre que pueda acreditar que ha actuado dentro de los márgenes que exige su oficio. De hecho, muchos tribunales han señalado que no es suficiente con que un cliente sea sancionado o inspeccionado para que se derive responsabilidad al asesor. Solo cuando hay dolo, negligencia grave o incumplimiento manifiesto de la legalidad se abre esa puerta.
Y la diligencia profesional exige una serie de pautas que deben ser seguidas en el asesoramiento fiscal y contable:
1. Actuar siempre dentro del marco legal.
2. Informar por escrito de los riesgos de las decisiones controvertidas.
3. Documentar la posición de la Administración y explicar alternativas.
4. Dejar constancia expresa de la decisión del cliente si decide asumir un riesgo.
5. Conservar la documentación durante al menos cinco años.
6. Mantener la independencia, incluso cuando eso implique perder un cliente.
Estas pautas no son meros consejos. Son la base de un ejercicio profesional responsable, seguro y conforme al Derecho. Y lo más importante: permiten al asesor actuar con la tranquilidad de saber que, si todo está bien hecho, no habrá responsabilidad.
Cuando se cruza la línea: Cuando estamos ante alguien que diseña activamente estructuras para defraudar. Que no advierte a sus clientes, sino que les conduce a un modelo deliberado de evasión. La Justicia, en casos similares, califica a este asesor como cooperador necesario del fraude. No como víctima, ni como mero transmisor. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque asesorar no es tramar. Asesorar es proteger, es ayudar, es orientar. Es decir, la verdad, aunque duela. Y quien confunde asesorar con encubrir, no solo pone en riesgo a sus clientes: pone en riesgo su libertad y, lo que es peor, la reputación de toda una profesión.
