per Andrés A. de Donato | març 28, 2019 | Notícies - Àrea Jurídica
Las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas entrarán en vigor finalmente a medios del mes de junio, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado sábado, 16 de marzo, de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Esta norma, que no sustituye a la Ley Hipotecaria de 1946, traspone de modo parcial en España la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Algo que debería haberse hecho antes del 21 de marzo de 2016 y que ha puesto en serio riesgo la posibilidad de una elevada multa a España por incumplimiento de sus obligaciones frente a la UE. Ni más ni menos que una multa de 105.991,6 euros por cada día de retraso.
La adquisición de una vivienda es, seguramente, una de las decisiones más importantes que se toman en la vida. Y, lo más habitual es que contraigamos un compromiso económico a medio o largo plazo con una entidad financiera por la solicitud de un préstamo hipotecario. Para aumentar la seguridad jurídica y la transparencia del proceso esta ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos que estén avalados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.
Entre otras novedades destacan la prohibición de las cláusulas suelo, es decir, de aplicar un interés mínimo en hipotecas con tipo de interés variable, el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito, la mayor exhaustividad exigida en la información precontractual que ha de proporcionar la entidad financiera al ciudadano, el protagonismo que cobra el papel del notario como encargado de confirmar del cumplimiento de las obligaciones de la entidad financiera y de proporcionar asesoría imparcial y gratuita al prestatario. Todo ello sin olvidar que con la nueva regulación, la banca tendrá que estudiar la solvencia del hipotecado con más profundidad antes de concederle un préstamo.
Información precontractual
Diez días antes de firmar el contrato los bancos tendrán la obligación de facilitar al cliente la siguiente documentación:
• La FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada), que tiene carácter de oferta vinculante e incluye información ajustada al perfil del cliente y al préstamo solicitado;
• La FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas). En la que deben figurar las cláusulas de préstamo, los índices de referencia usados para calcular el interés a pagar, la indicación de si habrá un interés mínimo en caso de variación del índice de referencia, la posibilidad de que haya un vencimiento anticipado en caso de impago de varias cuotas , así como cuáles serían sus costes derivados, etc.
Además de estas fichas la información facilitada debe contener un documento con simulaciones de cuotas y su variación a lo largo de los años (en el caso de que sea de tipo variable), una copia del proyecto del contrato que deberá desglosar todos los costes que implique la firma final, una guía clara sobre los gastos que corresponden al banco y al cliente, las condiciones de las garantías del seguro que se exijan e información sobre el asesoramiento gratuito que debe dar el notario.
Nuevo papel del notario
Una vez el consumidor haya decidido cuál es la entidad financiera y el crédito más adecuado a sus intereses deberá comunicar al banco el nombre del notario que haya elegido para que le remitan, por medios telemáticos, toda la documentación relacionada con el préstamo. Es entonces cuando el notario deberá explicar al consumidor los aspectos más relevantes del préstamo y contestar a todas sus preguntas, de forma que este pueda tener, con su asesoramiento imparcial, un conocimiento completo del contrato y, por tanto, de sus derechos y obligaciones.
Ahora el notario debe resolver todas las dudas en los días previos a la firma, comprobar que no hay cláusulas abusivas por parte de la entidad y ratificar que el titular entiende lo que está contratando.
Seguidamente redactará un acta notarial que será gratuita, en la que dejará constancia de los hechos comprobados y de las explicaciones dadas al consumidor, así como de las preguntas que este le haya planteado con sus respectivas respuestas.
Reparto de gastos
En este punto ya no hay discusión, a partir del 16 de junio el banco paga la gestoría, los aranceles notariales, la inscripción en el Registro de la Propiedad y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)
El pago del Impuesto por la entidad financiera no es una novedad pues el pasado mes de noviembre el Congreso ya había aprobado el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, de manera que el obligado al pago del impuesto fuera el banco prestamista , todo ello como medida para combatir las consecuencias de la inestabilidad sufrida con motivo de la incongruencia del propio Tribunal Supremo (que en sentencia de 16 de octubre, falló que eran las entidades financieras las que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, y posteriormente el pleno del mismo tribunal decidió que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas era el prestatario.
Por su parte el comprador seguirá pagando los gastos de tasación y las segundas copias del notario, en el caso de que las solicite. Además no se ha limitado la comisión de apertura, pero solo se puede cobrar una vez.
Más de 2.200 euros de ahorro para una hipoteca media en España por un préstamo de alrededor de 150 mil euros
Pero no todos son luces en esta reforma, también hay sombras, tenga en cuenta que el incremento de los gastos de constitución soportados por los bancos podrían propiciar un “cierto” aumento de los tipos de interés en los nuevos préstamos, especialmente en el caso de los aplicados a la modalidad de tipo de fijo. Así lo ha puesto de manifiesto el Banco de España en un informe en el que también destaca que el retraso en la recuperación de la deuda impagada para los prestamistas (se refiere a las nuevas normas sobre el desahucio, como ahora veremos) podría traducirse en un «cierto endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo
Desahucios
Los requisitos exigidos para que un banco aplique su derecho de vencimiento anticipado sobre una hipoteca en la que el prestatario ha dejado de pagar un determinado número de cuotas se endurecen para las entidades de crédito en beneficio de los consumidores a partir de su entrada en vigor.
Así lo establece el art 24 de la nueva Ley 5/2019, cuando dice que, para que una entidad pueda ejercer su derecho de vencimiento anticipado, las cuotas impagadas deben superar el 3% del capital concedido o 12 cuotas mensuales si se produce en la primera mitad de vida de un préstamo, y el 7% del capital concedido o 15 cuotas mensuales si ocurre durante la segunda mitad.
Aunque el número de cuotas impagadas necesarias para llegar a acumular el 3% de la primera mitad o el 7% de la segunda dependerá tanto del tipo de interés y del plazo de vida residual de la hipoteca, así como de la parte del préstamo ya amortizado, en la mayoría de los casos el número será claramente mayor a las tres cuotas mensuales que hoy día recogen las cláusulas hipotecarias como requisito para proceder a la ejecución.
Amortización anticipada
Se introducen límites máximos a las comisiones por reembolso anticipado en los préstamos a tipo de interés fijo de hasta un 2% del capital amortizado los diez primeros años de vida y del 1,5% si se decide llevar a cabo posteriormente.
A tipo variable, las comisiones máximas pasan del 0,5% del capital amortizado establecido actualmente en caso de que tengan lugar en los cinco primeros años de vida del préstamo, o del 0,25% si se produce después, hasta el 0,25% durante los tres primeros años (o, alternativamente, al 0,15% durante los cinco primeros años, en función de lo que acuerden las partes) y al 0% después.
Solvencia
Con la nueva normativa el banco también está obligado a estudiar a fondo la capacidad económica del cliente, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los ingresos presentes y futuros, su empleo, sus ahorros, gastos fijos, etc. Asimismo, debe consultar el historial crediticio del cliente en el Banco de España.
Novación y subrogación
Las comisiones también varían al cambiar un préstamo de tipo variable a otro a tipo fijo. Si lo hace entre productos de la misma entidad (novación), se podrán aplicar una comisión de hasta un 0,15% como máximo durante los tres primeros años de vida de la hipoteca, pero a partir de ese momento no supone gasto alguno. Además, el cliente podrá subrogar sin costes y llevar libremente su hipoteca a otro banco ya que entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro para evitar el robo de clientes.
Interés de demora
En el caso de préstamo o crédito concluido por una persona física que esté garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial, el interés de demora será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible. El interés de demora sólo podrá devengarse sobre el principal vencido y pendiente de pago y no podrán ser capitalizados en ningún caso.
Modificaciones Legales
La Ley contiene 16 disposiciones finales de las que 12 se dedican a cambios normativos.
• La primera modifica la Ley Hipotecaria con la finalidad de integrar en ella las mejoras en la protección de los prestatarios en materia de vencimiento anticipado y el interés de demora y otras de carácter técnico.
• La disposición final segunda modifica el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
• La disposición final tercera modifica la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, modificada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
• La disposición final cuarta modifica la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, y entre otras medidas, establece la obligación de remitir las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, al Registro de Condiciones Generales.
• La disposición final quinta modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en consonancia con lo establecido en el párrafo anterior.
• La disposición final sexta modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en materia de régimen disciplinario de los notarios.
• La disposición final séptima modifica la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con la finalidad de dar acceso a la Central de Información de Riesgos del Banco de España a todas las entidades prestamistas de crédito inmobiliario.
• La disposición final octava modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
• La disposición final novena adapta el ámbito de aplicación de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, a las previsiones de esta Ley, evitando solapamientos normativos y clarificando el régimen jurídico aplicable a cada situación.
• La disposición final décima modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos con el fin de convertir el código de buenas prácticas en un mecanismo permanente y obligatorio para todas las entidades adheridas que permita a todos los deudores más vulnerables en situación de impago acceder a las opciones de alivio de la deuda contenidas en el mismo.
• La disposición final undécima modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con el fin de clarificar las condiciones y requisitos necesarios con que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., puede iniciar una demanda ejecutiva a efectos de que pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que tiene encomendadas, preservándose su posición para la ejecución de las garantías de los activos financieros adquiridos.
• La disposición final duodécima adapta la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, para evitar solapamientos regulatorios en materia de transparencia con la clientela bancaria, adaptándola a las especificidades del régimen sancionador establecidas por la presente Ley, en particular, en lo relativo a las competencias de las Comunidades Autónomas.
Es evidente que la mejora de la transparencia y la protección del consumidor en el marco de la información precontractual y contractual sobre préstamos hipotecarios será una realidad a partir del 16 de junio. Sin embargo, el fortalecimiento e impulso de la concesión de préstamos hipotecarios y, en general, del sector inmobiliario residencial en España quizás se deje esperar. Recuerde que, tal y como ha indicado el Banco de España, el establecimiento de nuevas obligaciones para los prestamistas y, en particular, la de soportar costes adicionales pueden contribuir a un encarecimiento de las hipotecas y por tanto a la ralentización del estímulo buscado.
per Andrés A. de Donato | març 1, 2019 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Són subjectes obligats i responsables de la cotització, excepte pel que fa a la contingència d’incapacitat temporal, les persones que per raó de la seva activitat es trobin obligatòriament incloses en el camp d’aplicació del RETA (Art. 43.1 RGCL, en la redacció del RD 1382/2008, 1 ag., i STC 189/87, 24-11).
Els treballadors inclosos en el RETA cotitzen per la contingència d’incapacitat temporal i per les contingències derivades d’accident de treball i malaltia professional en els supòsits i amb els efectes que preveuen els Articles 47.3 i 4 i 47 bis.4 i 5 RGA, a la redacció del Reial Decret 1382/2008, d’1 d’agost (Art. 44 RGCL, en la redacció del RD 1382/2008, 1 ag.).
En la situació d’incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica, correspon fer efectiu el pagament de les quotes, per totes les contingències, a la MCSS, a l’entitat gestora o, si s’escau , a l’SERPEE, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat (Art. 308.1 LGSS, en la redacció del RDL 28/2018).
La quantia equivalent al pagament efectiu de les cotitzacions dels treballadors autònoms en període de baixa laboral passats els 60 dies que el SERPEE hagi d’assumir, es fixarà mitjançant un coeficient aplicable al total de quotes per cessament d’activitat de tots els treballadors amb cobertura per aquesta entitat; que s’establirà anualment en l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i formació professional per a cada exercici (Art. 308.2 LGSS, en la redacció del RDL 28 / 2018).
ATENCIÓ: De conformitat amb el que disposen els Arts. 308.1 i 329 c) LGSS, es fixa en el 0,31 el coeficient a aplicar al total de quotes per cessament d’activitat que corresponguin al SEPE, a fi de sufragar les quotes per totes les contingències durant la situació d’incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica transcorreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica que hagi d’assumir aquesta entitat (Art. 35.3 OC/19).
La cotització per les contingències d’AT i MP en el RETA ha de determinar, per als treballadors obligats o acollits voluntàriament a la seva cobertura, el naixement de l’obligació de cotitzar per la mateixa base per la qual cotitzin per contingències comunes i d’acord amb els tipus de cotització de la tarifa de primes vigent (Art. 45.5 RGCL, en la redacció de la Llei 6/2017).
En el supòsit de treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que no hagin optat per protegir la totalitat de les contingències professionals, la cotització obligatòria respecte a les d’incapacitat permanent i mort i supervivència s’efectuarà aplicant a la base escollida el tipus de cotització fixat, per a cada exercici econòmic, en la LPGE (Art. 45.5 RGCL, en la redacció de la Llei 6/2017).
L’Art. 25.4 LETA, en la redacció de la LPGE / 2017, determina que, considerant els principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera, pugui establir-se un sistema de cotització a temps parcial per als treballadors autònoms per a determinades activitats o col·lectius i durant determinats períodes de la seva vida laboral.
Hi ha diversos supòsits en què l’obligació de cotitzar dels treballadors autònoms inclosos en el RETA pot quedar atenuada o exonerada:
ATENCIÓ: La Llei podrà establir reduccions o bonificacions en les bases de cotització o en les quotes de Seguretat Social per a determinats col·lectius de treballadors autònoms en atenció a les seves característiques personals o a les característiques professionals de l’activitat exercida (Art. 25.3 i disp. Adic. 7 .ª, L. 20/2007, 11 jul.).
1r) Els treballadors que contractin indefinidament el seu primer treballador, inclosa la contractació de fixos discontinus, pot tenir accés als beneficis previstos en el Pla de Foment d’Ocupació per a l’any 2002, sempre que estiguessin donats d’alta en el règim especial des del 1 de gener de 2001 (disp. adic. 4a l 24/2001 27 des.).
2n) Els treballadors quedaran exempts de l’obligació de cotitzar, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals sempre que es trobin en algun d’aquests supòsits (Art. 311.1 LGSS, en la redacció del RDL 28/2018, i 45.6 RGCL, en la redacció de la Llei 6/2017):
– 65 anys d’edat i 38 anys i 6 mesos de cotització.
– 67 anys d’edat i 37 anys de cotització.
Sense que en ambdós cas es tinguin en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.
ATENCIÓ: A efectes de l’aplicació de l’Art. 311.1 LGSS, en la redacció del RDL 28/2018, es tindrà en compte el que disposa la disp. trans. 7a LGSS.
Si en complir l’edat corresponent el treballador no tingués cotitzats el nombre d’anys en cada cas requerit, l’exempció prevista serà aplicable a partir de la data en què s’acreditin els anys de cotització exigits per a cada supòsit (Art. 311.2 LGSS).
ATENCIÓ: L’obligació de cotitzar per incapacitat temporal i per les contingències professionals es mantindrà fins a la data d’efectes de la renúncia a la cobertura o de la de baixa en el RETA (Art. 45.6 RGCL, en la redacció de la Llei 6/2017) .
Si el treballador autònom que compleixi aquestes condicions hagués ingressat les quotes, tindrà dret a la corresponent devolució d’ingressos indeguts (Circ. 3-003, 8-3-04, TGSS).
A efectes de determinar la base reguladora de les prestacions excloses de cotització, es tindran en compte les següents regles (Arts. 320 LGSS i 13 RD 1132/2002, 31 oct.):
– Les bases de cotització corresponents a les mensualitats de cada exercici econòmic exemptes de cotització són equivalents al resultat d’incrementar la mitjana de les bases de cotització de l’any natural immediatament anterior en el percentatge de variació mitjana coneguda de l’índex de preus al consum en l’últim any indicat, sense que les bases així calculades puguin ser inferiors a les quanties de les bases mínimes o úniques de cotització fixades anualment en la LPGE per als treballadors del RETA.
A efectes del càlcul de l’esmentada mitjana es prenen les bases de cotització corresponents a l’activitat per compte propi per la qual s’estigui exonerat de cotització.
Si no hi ha bases de cotització en totes les mensualitats de l’any natural anterior al començament del període d’exempció de cotització, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que existeixin, dividit pel nombre de mesos a què els corresponguin.
Si no hi ha bases de cotització l’any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any en què n’hi hagi, calculant la mitjana d’acord amb les regles anteriors; aquesta mitjana s’incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l’any o anys naturals anteriors fins arribar a l’any corresponent al del període d’exoneració de quotes.
3r) Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que, amb anterioritat al 31-12-2011, hagin quedat inclosos en el RETA en aplicació del que estableix l’Art. 120.4.8 Llei 2/2008, de 23 de desembre, tindran dret, durant 2019, a una reducció del 50% de la quota a ingressar; i també tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el RETA a partir de l’1-1-2009 (Art. 6.6 RDL 28/2018).
La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima triada entre una base de 944,40 euros mensuals, o una base de 519,30 euros mensuals, el tipus de cotització vigent per contingències comunes en el RETA (Art. 6.6 RDL 28/2018).
Els socis treballadors que no es trobin al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta, podran no obstant aplicar aquesta reducció si regularitzessin la seva situació abans del 2013.03.31 (disp. Adic. 78. ª, LPGE / 2013).
4t) A les treballadores autònomes víctimes de violència de gènere que cessin en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral se’ls suspendrà l’obligació de cotització durant un període de sis mesos (art. 21.5 LO 1 / 2004, 28 des.).
Aquest període els serà considerat com de cotització efectiva als efectes de prestacions de Seguretat Social, prenent-se com a base de cotització la equivalent a la mitjana de les bases cotitzades durant els sis mesos previs a la suspensió de l’obligació de cotitzar.
Les disposició addicional 2.ª.1, en la redacció de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, i 7a, L. 20/2007, 11 jul., estableix la possibilitat que mitjançant llei s’estableixin reduccions i bonificacions en la Seguretat Social a favor dels següents col·lectius de treballadors autònoms:
1) Els qui en funció d’una altra activitat realitzada cotitzin, sumant les bases de cotització, per sobre de la base màxima del RGSS.
Els treballadors per compte propi inclosos en el RETA que, per raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho hagin fet en l’any 2008, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el RGSS, així com les efectuades en el RETA, per una quantia igual o superior a 10.440 euros, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50 % de les quotes ingressades en el RETA, per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria; efectuant-se la devolució a instància de l’interessat, que haurà de formular en el primer trimestre de l’exercici següent (disp. adic. 24a LPGE / 08).
2) Les persones amb discapacitat que realitzin un treball autònom.
3) Els treballadors autònoms que es dediquin a l’activitat de venda ambulant oa la venda a domicili.
4) Aquells col·lectius que es determinin legalment o reglamentàriament.
5) Els qui en funció de la seva activitat l’exerceixin a temps parcial, en unes condicions anàlogues a les d’un treballador per compte d’altri contractat a temps parcial.
A més, les administracions públiques poden subscriure convenis amb la Seguretat Social amb l’objecte de propiciar la reducció de les cotitzacions de les persones que, en règim d’autonomia, es dediquin a activitats artesanals o artístiques (disp. Adic. 2.ª.2 L . 20/2007, 11 jul.).
per Andrés A. de Donato | març 1, 2019 | Notícies - Àrea Jurídica, Notícies - Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral
Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2018 en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, por una cuantía igual o superior a 12.917,37 euros, tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes (Art. 15.9 OC/19).
La devolución se efectuará de oficio por la TGSS antes del 01/05/2019, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarla en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datoss por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha (Art. 15.9 OC/19).
per Andrés A. de Donato | febr. 18, 2019 | Notícies - Àrea Jurídica
Audiència Nacional, Sala del Contenciós-administratiu, Sentència de 27-Novembre-2018, Recurs 577/2017
L’Audiència Nacional dóna la raó a Google i fa prevaler, davant del nom de l’interessat, el dret a la llibertat d’informació i a l’interès preponderant del públic en conèixer i tenir accés a la informació relacionada amb els resultats de recerca.
És a dir, Google no ha d’adoptar mesura necessària alguna per evitar que el nom de l’interessat es vinculi amb els resultats de recerca a les URL que l’AEPD va ordenar bloquejar, i a través de les quals s’accedeix a les pàgines web del Ministeri de l’Interior i de la Junta Electoral Central, respectivament, en les quals es publiquen el nom i cognoms de l’interessat en referència a la seva candidatura per determinat partit polític.
S’està davant un tractament de dades inicialment lícit per part del cercador Google, i que, atès el contingut de la informació i el transcurs del temps, encara no pot qualificar-se d’excessiu quant al seu manteniment.
L’Audiència es basa precisament en el factor “temps” per resoldre. Tenint en compte que el recorregut s’ha estat presentant per un partit polític a diferents eleccions, generals el 2008, i autonòmiques el 2010, i tenint present que, quan procedeix a exercir el seu dret de cancel·lació davant Google tot just han transcorregut 6 anys, la Sala conclou no pot qualificar-se com excessiu el temps transcorregut a la vista d’aquestes circumstàncies concurrents.
A més, segons destaca l’Audiència Nacional, la informació no és obsoleta, ja que el dret dels ciutadans a accedir a informació sobre llistes electorals, lluny de caducar amb el pas del temps, el que resulta és essencial en una societat democràtica.
Per això, per a l’Audiència, l’interès general en accedir a la informació no ha decaigut perquè, quan l’interessat va exercitar el seu dret enfront de Google, no havien transcorregut ni tan sols sis anys des de la publicació d’informació sobre les últimes eleccions a les quals s’havia presentat.
Finalment, la Sala també fa una menció especial a la prevalença del dret d’oposició al tractament de les dades personals del seu titular, sobre l’interès legítim del gestor del motor de recerca a l’activitat que desenvolupa, i subratlla que no es tracta d’ una prevalença absoluta ni aliena a la situació personal concreta del recurrent, amb l’única excepció que la llei estableixi una altra cosa. I així, en el supòsit, la balança s’inclina a favor de la llibertat d’informació al ser d’interès general una persona que té una trajectòria política que encara no ha cessat, informació que té la suficient rellevància com perquè cedeixi el seu dret a la cancel·lació de les dades personals.
per Andrés A. de Donato | febr. 15, 2019 | Notícies - Àrea Jurídica
L’empremta digital del dispositiu és un conjunt de dades extretes del dispositiu de l’usuari que permeten individualitzar de forma unívoca aquest terminal. Atès que l’habitual és que les persones no comparteixin els seus equips, individualitzar el terminal suposa individualitzar la persona que l’utilitza i, en conseqüència, poder realitzar un perfil de la mateixa. El perfilat no es limita a recopilar i analitzar els hàbits de navegació o les recerques que realitza, sinó a extreure geolocalització, dades de configuració del sistema i les aplicacions, programes instal·lats, moviments del ratolí, etc. La combinació d’aquesta i altra informació detallada en l’estudi permet confeccionar una empremta digital única del dispositiu que el singularitza i, per tant, diferència de forma unívoca a cada usuari d’internet.
L’estudi “Fingerprinting o empremta digital del dispositiu” afirma, entre altres conclusions, que molt sovint es fan servir aquestes tècniques per recollir dades de l’equip de l’usuari sense oferir-li informació i sense sol·licitar-li el seu consentiment, i que el conjunt de dades recollides pot ser tan extens, o enriquir-se de tal forma, que pot arribar a recollir fins i tot categories especials de dades. El document afegeix que, en la majoria dels casos, a l’usuari no se li proporcionen eines per poder evitar de manera efectiva la recollida de dades i no se li ofereixen mitjans per exercir els drets establerts en el RGPD quan es recullen o s’associen a dades personals.
L’estudi inclou un apartat complet de recomanacions per a l’usuari, entre les quals es troben utilitzar l’opció “Do not track” del navegador, que permet eludir la publicitat i el rastreig; desactivar l’ús Javascript; alternar entre diferents navegadors o executar l’accés a internet en màquines virtuals. L’estudi de l’AEPD recorda que la navegació privada o d’incògnit no resulta efectiva per prevenir el seguiment, projectant una falsa sensació de seguretat.
L’estudi també inclou unes recomanacions per a la indústria, tant per als desenvolupadors de productes i serveis, com per a aquelles entitats que exploten les dades obtingudes a partir de l’empremta del dispositiu. En el cas de fabricants o desenvolupadors, el document afirma que haurien d’incloure en els seus productes les opcions necessàries perquè l’usuari disposi de capacitats per denegar o acceptar, de manera total o parcial, l’ús d’aquestes tecnologies. A més, haurien de proporcionar al consumidor els equips amb les màximes opcions de privacitat activades per defecte, i que sigui el mateix usuari qui redueixi aquestes opcions. Com a bona pràctica, els navegadors podrien tenir activada per defecte l’opció “Do not track“.
En el cas d’entitats que vulguin explotar dades obtingudes a partir de l’empremta digital del dispositiu, s’indica que el responsable del tractament s’ha d’abstenir de demanar i tractar l’empremta i qualsevol altre dada associada a la mateixa si l’usuari no ha donat el seu consentiment. A més, tota aplicació d’empremta hauria de revisar l’estat de l’opció “Do not track“. En termes generals, l’estudi recomana a les entitats que utilitzen “fingerprinting” comptar amb els serveis d’un Delegat de Protecció de Dades, i hauran de realitzar una anàlisi de riscos de protecció de dades relatives als drets i llibertats dels afectats. Si d’aquesta anàlisi es deriva que el nivell de risc és elevat, serà llavors obligada la realització d’una Avaluació d’Impacte per a la Protecció de Dades (EIPD) per establir les mesures necessàries que garanteixin la rotecció dels drets dels usuaris.
